Empecemos por lo que sí tiene fecha y expediente. El 21 de mayo de 2023, en Mestalla, la grada insultó a Vinicius Jr. hasta pararle el partido. De ahí salió, meses después, algo que en España no había pasado nunca: condenas penales a aficionados por racismo en un estadio, con penas de prisión y prohibición de entrada a los campos. Un hito. El único resultado duro, tangible, medible de toda esta historia. Y no vino de una campaña. Vino de un juez.
Ahí está el nudo. Llevamos más de tres décadas de banderas, talleres, pancartas, rodillas hincadas en el césped y eslóganes en varios idiomas. Y cuando uno pregunta lo más elemental, cuánto ha costado todo eso y qué ha devuelto, se topa con un muro. No porque la respuesta sea mala. Porque la respuesta no existe. El fútbol nunca ha publicado el gasto agregado de su cruzada antirracista ni ha evaluado sus programas con indicadores serios de cambio de comportamiento. No hay ROI que calcular. Hay opacidad. Y la opacidad, en este negocio, casi siempre esconde algo que a alguien no le conviene enseñar.
La tesis, entonces, es sencilla y molesta. La inversión en concienciación no tiene retorno demostrable, y todos los indicios apuntan a que rinde bastante menos de lo prometido. Lo poco que ha movido la aguja fue el músculo sancionador, no el gesto. Enforcement contra performance. Y adivinen dónde se ha metido casi todo el dinero.
Miremos qué se puede rastrear, que no es mucho. Las únicas cuentas medianamente auditables son las de las organizaciones benéficas británicas, obligadas a rendir cuentas ante la Charity Commission. Kick It Out, que nació en 1993 como campaña "Let's Kick Racism Out of Football", manejó durante años ingresos modestos, de unos cientos de miles de libras, creciendo hacia el rango del millón en tiempos recientes, según sus propios informes ante el registro británico. La financian la Premier League, la Football Association, el sindicato de futbolistas y la EFL. Show Racism the Red Card, de 1996, se mueve en cifras comparables. Y hasta ahí llega la transparencia.
Porque en cuanto uno sube a los que de verdad tienen dinero, la niebla es total. UEFA y FIFA, con sus campañas "Say No to Racism" y el Sistema de Monitoreo Antidiscriminación que montaron junto a la Fare Network alrededor del ciclo clasificatorio de 2015 a 2018, no publican de forma clara ni el presupuesto de esas campañas ni cuánto subvencionaron a las ONG. La propia Fare, fundada en 1999 y financiada en parte con fondos de la UE y aportaciones de UEFA, redujo drásticamente su estructura hacia 2020 y 2021 sin que nunca se supiera con precisión cuánto había recibido ni de quién. La Premier League lanzó "No Room for Racism" a finales de la década pasada. LaLiga, la Serie A y la Bundesliga tienen sus programas de diversidad. Ninguno divulga los números. No existe una sola cifra agregada y autorizada del gasto mundial del sector. Ni una.
Esto no es un descuido contable. Es una decisión. Un negocio que factura miles de millones y que audita hasta el céntimo de un patrocinio de manga es perfectamente capaz de sumar lo que gasta en antirracismo si quiere. Si no lo enseña, es porque medir obligaría a comparar, y comparar obligaría a admitir resultados incómodos.
¿Qué resultados? Empecemos por el único dato con serie temporal robusta: las denuncias. Los informes anuales de Kick It Out muestran aumentos interanuales sostenidos de las denuncias de discriminación en el fútbol inglés, profesional y de base, con el racismo como categoría más reportada. Suena a fracaso. Pero es ambiguo por diseño. Más denuncias pueden significar más racismo o, al revés, más confianza en los canales para denunciar lo que antes se tragaba en silencio. Sin una línea base de prevalencia real, no de denuncias sino de victimización medida, el dato no permite concluir nada. Y esa línea base no existe. Se ha invertido treinta años en campañas y nadie se molestó en construir el termómetro que diría si funcionan.
Sigamos con las sanciones institucionales, que es donde el simbolismo se desnuda. Cuando UEFA multa a una afición por cánticos racistas, las cifras se perciben como ridículas al lado de lo que cobra por una infracción comercial o un fallo de protocolo. En el partido entre Bulgaria e Inglaterra disputado en Sofía en octubre de 2019, el encuentro tuvo que interrumpirse por cánticos y saludos nazis; UEFA sancionó a la federación búlgara y su presidente dimitió, pero el importe de la multa quedó, como casi todo aquí, en ese terreno que el aficionado medio archiva como calderilla. En la final de la Eurocopa de 2020, jugada en Wembley en julio de 2021, el aluvión racista contra Rashford, Sancho y Saka tras fallar sus penaltis derivó en detenciones y algunas condenas en el Reino Unido. Otra vez el juez, no la campaña. En Udine, a comienzos de 2024, Maignan paró el Udinese-Milan por insultos racistas, con los precedentes de Koulibaly y Lukaku demostrando que la Serie A convive con el problema sin resolverlo.
Y luego está la métrica que ninguna pancarta ha movido: la representación. En Inglaterra, una proporción altísima de futbolistas profesionales es negra o de minorías étnicas. El número de entrenadores principales, directores deportivos y consejeros negros es minúsculo. La "Rooney Rule" adaptada por la EFL, ese código de contratación que obliga a entrevistar a candidatos de minorías, ha tenido un efecto limitado, y el Black Footballers Partnership lo ha documentado. Treinta años de rodillas en el césped y el banquillo sigue siendo tan blanco como en los noventa. Ahí no hay ambigüedad interpretativa que valga.
El propio vestuario lo ha dicho en voz alta. Les Ferdinand, director de fútbol del QPR, cuestionó que arrodillarse siguiera sirviendo de algo cuando el mensaje se había diluido. Wilfried Zaha dejó de hacerlo en 2021 por considerarlo un gesto degradante e inútil. Varios clubes de la Premier lo abandonaron por vacío. Vinicius ha declarado que el racismo se ha normalizado en LaLiga. El hilo común es la palabra tokenismo. Gesto visible, cero cambio estructural.
Toca el contrapunto, y es honesto. Los defensores, desde Kick It Out hasta UEFA, sostienen algo que no se puede descartar de un plumazo: que las campañas han desplazado la norma social, dado voz a las víctimas, elevado el coste reputacional del racista y logrado que los incidentes se denuncien en lugar de silenciarse. Puede que gran parte del aumento de denuncias sea eso, un síntoma de que hoy se señala lo que antes se toleraba. Y las redes sociales lo enturbian todo: multiplicaron a la vez el abuso, su documentación y la facilidad de reportarlo, lo que hace metodológicamente temerario comparar el racismo de 2005 con el de 2024. Nada de esto es concluyente en contra de las campañas. Pero tampoco a favor. Y esa es precisamente la trampa. Un sistema que solo produce datos ambiguos es un sistema que nunca tendrá que rendir cuentas de su ineficacia.
Quien quiera defender un retorno positivo tiene la puerta abierta el día que aparezca lo que hoy no existe: una serie de prevalencia real, por encuestas de victimización y no por denuncias, mostrando descenso sostenido, o una evaluación de impacto independiente con grupo de control. Sin esos dos ladrillos, la conclusión razonable es que la inversión tiene un retorno no demostrable y varios indicios de bajo rendimiento frente a lo que prometió.
Mientras tanto, el único que ha metido a un racista en la cárcel en España fue un tribunal, no una pancarta. Igual el fútbol debería preguntarse por qué gasta tanto en decir que el racismo está mal y tan poco en hacer que salga caro.
